jueves, noviembre 16, 2006

JASP

Así se llamaba a la generación que relevó a los yuppies. Eran los mismos que éstos, pero de promociones universitarias diferentes. Urbanos, cultos, agresivos, con máster debajo del brazo, dispuestos a comerse el mundo. Gozaron de la pasajera fama de la noticia puntual, y se desvanecieron en el humo del tiempo entre otras razones porque no eran un grupo homogéneo de intereses comunes, sino una creación intelectual y mediática, por lo que (irónicamente) les faltó quien les asesorara para que no fueran a ningún sitio sin alguien que les dijera que está prohibido el traje a rayas ante las cámaras de la televisión, ni que lucieran con desfachatez su poderío económico por muy “jasp” que fueran. Por lo demás, los JSP ocupaban por aquel entonces las páginas de las revistas económicas y descubrían que desde la Universidad se podía acceder a la élite de los negocios y de la riqueza.

Pareciera que, desde esos años, no hubiesen vuelto a surgir nuevas generaciones de brillantes ejecutivos agresivos. Al menos no se han bautizado como tales. En cualquier caso, estoy seguro de que existen, aunque sigan sin tener un buen asesor de imagen. Desde el anonimato a las páginas de los diarios, el camino para mantenerse como “triunfitos” de la empresa se salva con la comunicación. Así nos lo enseña el día a día y las páginas salmón.

Permítanme este circunloquio para sugerirles una pequeña idea a los nuevos jóvenes deseosos de labrarse su futuro. En concreto, a los que hayan terminado sus licenciaturas en Derecho. Por ejemplo, y a la luz de las recientes noticias que leo en los diarios, les animo para que constituyan despachos profesionales con un ambicioso plan de comunicación basado en su propio potencial. Los políticos dan para mucho, y algunas decisiones políticas son de dudosa legalidad, aunque eso sí, amparadas en la maquinaria del Estado.

Así lo están haciendo las organizaciones de consumidores, y de ahí su popularidad, y podrían hacerlo nuestros licenciados a la luz del potencial existente. Por ejemplo, leo que el Constitucional acaba de sentenciar que eso de obligar a los jueces a conocer el eusquera, desde el ámbito normativo autonómico, no es más que una ilegalidad manifiesta que excede de las competencias de una administración autonómica. Hace un tiempo escribí sobre la materia en esta misma columna. Lo que hay que asegurar realmente es que no se produzca indefensión en el ámbito judicial por razones de idioma, y no obligar a conocer lenguas a los jueces. La cosa varía notablemente entre una y otra postura, porque el ciudadano no tiene que estar a merced del dominio lingüístico del juez de turno.

Se trata de una decisión política que nuestro máximo tribunal tira a la papelera. Pero como esas hay muchas: apuntad para vuestro Plan de Comunicación. Es de dudosa legalidad que un contribuyente, por el hecho de que haber obtenido una renta desde diversas fuentes (por debajo de la cuantía obligatoria), tenga que realizar su declaración y otro no tenga que hacerla por obtenerla de una sola fuente.

Repasad los procesos sustentados en los artículos 14 a 29 de la CE y leed la prensa: veréis cuán discutibles son algunas medidas políticas.

Más: es de dudosa legalidad que los poderes públicos puedan invadir competencias reservadas a la organización privada de la empresa. Me refiero, por ejemplo, a regular los idiomas de la carta de un restaurante. Simplemente por aplicación del principio de igualdad, este antecedente podría utilizarse para invadir también (y alegar con fundamento), los procesos de promoción interna de personal basados en el carácter puramente discrecional de la empresa y no en aplicación del principio de igualdad –y mérito- entre los trabajadores, como a menudo se hacía vía principios éticos y de responsabilidad. Principios que sí tienen garantizados los funcionarios públicos del Estado.

Son decisiones políticas, materializadas en disposiciones con rango de ley, que no suelen recurrirse por motivos políticos, pero que el ciudadano puede “cuestionar” a partir de la provocación de situaciones judiciales que motiven cuestiones de inconstitucionalidad.
Nuestra actividad cotidiana nos muestra multitud de situaciones susceptibles de recurso, a la luz de nuestro ordenamiento jurídico, en todos los órdenes jurisdiccionales. Y para eso están esos órganos: para un efectivo control de la Administración Pública. Y mientras tanto, iros ganando la fama, y un lugar en el mercado, pleito a pleito.